Recordemos que con la crisis mundial de 1929 (y que se prolongó hasta los años de 1939 y 1945), causada por la sobreproducción de mercancías en los países más industrializados, México adoptó medidas proteccionistas alcanzando su máximo auge en el gobierno de Lázaro Cárdenas, con una política económica conocida como “nacionalismo económico”, pues sostuvo el interés nacional por encima de cualquier interés extranjero o privado, planteando una real y efectiva intervención del Estado en la economía nacional. Desde esta etapa y hasta el sexenio de José López Portillo (1976-1982) la actividad comercial se vio frenada con el sistema de sustitución de importaciones, con la intención de conservar los recursos naturales y estimular una industria propia para convertir la economía nacional en una economía autosuficiente.

Así las cosas, la política económica actual de México, basada en un modelo de apertura comercial, sento sus bases a mediados de la década de los 80, cuando se eliminó el modelo de sustitución de importaciones. El primer paso importante al nuevo modelo económico se dio cuando México ingresó en 1981 a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), posteriormente se incorporó en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y en mayo de 1988 al Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), que tienen por objeto armonizar y facilitar el comercio internacional. De esta manera, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) nuestro país se fue abriendo al exterior iniciando el tránsito al neoliberalismo ―principalmente por las presiones de los organismos internacionales―, disminuyendo las barreras proteccioncitas, adelgazando el aparato burocrático y privatizando industrias.

El ingreso de México al GATT marcó la etapa del nuevo modelo económico mexicano, lo cual se confirmó indudablemente en 1994 con la entrada en vigor del TLCAN y después en 1995 al ser nuestro país Miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), continuándose con la firma de otros nuevos tratados y acuerdos comerciales suscritos con otras naciones del mundo, confirmándose con ello y con la reforma al artículo 27 constitucional ―que permitió a los campesinos adquirir la propiedad de la tierra que trabajaban― la política neoliberalista planteada  en el gobierno federal de 1988-1994, que si bien esta última ha sido criticada, lo cierto es que también los TLC’s y ACE´s entre otros instrumentos, han sido benéficos para el desarrollo económico del país, lo que le ha permitido una mayor captación de divisas e inversión extranjera, con la consecuente creación de nuevas empresas y más fuentes de empleos; no así con la corrupción de los políticos vista hasta nuestros días.

Bajo el modelo de apertura comercial, en 1989 la Dirección General de Aduanas quedó asignada a la Subsecretaría de Ingresos, mediante la reforma del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, en la búsqueda de un mejor reacomodo para hacer frente a los nuevos cambios de globalización, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y abrogan disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en DOF el 4 de enero de 1990, gran parte de las funciones de la Dirección General de Aduanas fue distribuida a unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos, con funciones meramente fiscales.

El 25 de enero de 1993 se publicó la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se modificó el nombre de la Dirección General de Aduanas por el de Administración General de Aduanas (AGA) y se estableció la jurisdicción de las entonces 45 aduanas en el país.

En 1994 se separaron de la Resolución que establecía reglas fiscales de carácter general (Resolución Miscelánea Fiscal) las reglas de Comercio Exterior. Posteriormente se vio la necesidad de hacer una reforma integral a la ley que venía regulando la operación aduanera, publicándose una nueva Ley Aduanera el 15 de diciembre de 1995, la cual entró en vigor el 1º de abril de 1996. La primera reforma que sufrió este nueva ley, mediante publicación en el DOF del 30 de diciembre del mismo año, tuvo como objetivo reflejar los de mecanismos que permitirían valorar la mercancía de acuerdo con lo establecido por el artículo VII del GATT, así como establecer el cambio del sistema aleatorio por un sistema automatizado inteligente conocido posteriormente como Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI), y reforzar los métodos para el control de los agentes y apoderados aduanales, así como de sus representantes.

El 1 de julio de 1997 se creó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al cual quedó adscrita la Administración General de Aduanas. El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se publicó el 30 de junio de 1997. En 1998 nuevamente se reformó la Ley Aduanera, en el sentido de revisar y fortalecer los mecanismos de control que permitieran combatir la evasión en el pago de contribuciones, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y en general el fraude aduanero, que representa una competencia desleal para la industria nacional, el comercio formalmente establecido y el erario público.

Otra de las reformas importantes a la Ley Aduanera de 1996, fue la publicada en el DOF el 1º de enero de 2002; ésta tuvo como objetivos fundamentales: a) promover la inversión y la tecnología, b) incrementar la seguridad jurídica, y c) establecer nuevas responsabilidades, derechos y obligaciones. Entrando en vigor el 1º de enero de 2003 la sexta reforma a la Ley Aduanera de 1996 como continuación de la de enero de 2002.

Es indudable que la apertura comercial de México ya madura en la primera década del 2000, con más de 10 tratados y acuerdos comerciales internacionales suscritos con más de 40 países, así como un acuerdo de integración con la ALADI y el Mercosur, y sumando los que en la actualidad se encuentra negociando, mayormente amplios denominados de “Generación Siglo XXI”, como el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (“TPP”). Todo ello indica que la vinculación comercial México-Estados Unidos está evolucionando debido a esta diversificación de relaciones económicas, sin olvidar claro está la relación comercial natural con este país del norte por su vecindad, lo cual es imposible de ignorar por los gobernantes en turno.