Durante el período 1910-1917, el comercio exterior fue afectado severamente por la situación interna del país y por la Primera Guerra Mundial. La etapa de la revolución mexicana de 1911 a 1922 se caracterizó por la disminución de la recaudación en las aduanas del país; como consecuencia de ello el gobierno intentó superar la coyuntura comercial exterior mediante políticas impositivas y la contratación de empréstitos.

En 1916 se publicó la nueva tarifa de aranceles, en la cual el único producto prohibido era el opio; se redujeron los gravámenes a los artículos de primera necesidad y se aumentaron para los artículos de lujo. El gobierno de Carranza siguió en un principio la costumbre de cobrar algunos de sus ingresos en metálico, principalmente los que recaían sobre el comercio exterior, mientras que las contribuciones internacionales se pagaban en papel moneda. En las tarifas de importación, el gobierno redujo los derechos a aquellas mercancías de indispensable consumo en el país, cuando no sean producidas en el interior o cuando la producción nacional fuera insuficiente, disminuyendo así la protección a las industrias nacionales y dejando una protección racional a las industrias viables.

Empero que se pretendió facilitar el comercio entre México y los Estados Unidos de América, pero las relaciones mercantiles entre ambos países quedaron suspendidas por la situación de desorden interno. Asimismo, las restricciones de los países participantes directamente en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) puestas en práctica sobre el comercio internacional, orillaron al Ejecutivo a establecer tarifas diferentes sobre el comercio, con el propósito de favorecer a aquellas naciones que no hayan establecido restricciones en su comercio con México.

Recordemos que el 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910; este texto vigente que contiene los lineamientos de las políticas económicas, de desarrollo y de comercio exterior, entre otros muchos aspectos, a lo largo de la historia ha sido reformada más de 200 veces.

Bajo este orden, el 15 de febrero de 1918 Venustiano Carranza firmó un decreto en uso de facultades extraordinarias (decreto ley) el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero del mismo año, que crea la figura del agente aduanal y regulaba en forma detallada la función de quienes actuaban en legítima representación en las operaciones aduaneras y que para poder ejercer dicha actividad requerían de autorización de la entonces Secretaría de Hacienda.

Este ordenamiento jurídico fue reglamentado a través de un instrumento relativo de 7 de mayo de 1918; sin embargo, ambos dispositivos legales fueron abrogados por decreto del 20 de mayo de ese mismo año, precisando que se aplicaría la Ordenanza de 1891. Posteriormente, se halla la Ley de Agentes Aduanales del 27 de agosto de 1927, que regulaba la actividad del agente aduanal. Asimismo, encontramos la existencia de tres leyes aduanales de fechas 18 de abril de 1928, de 29 de diciembre de 1928 y de 19 de agosto de 1935, las cuales no se apartaron de la regulación establecida en la Ley de Agentes Aduanales de 1927.

En 1919 se emite una iniciativa sobre petróleo y combustibles minerales que regula su explotación.

Siendo Presidente de la República Álvaro Obregón, en 1922 logra un equilibrio fiscal sin recurrir a medidas extraordinarias y sienta las bases para la explotación del petróleo en principios constitucionales.